En el cierre del XXII Congreso Nacional de Psicología Jurídica y Forense en Puerto Madryn, la primera conferencia estuvo a cargo del Lic. José Pablo Cruz Méndez, docente de posgrado en Costa Rica, México y Perú. En la oportunidad, el especialista analizó los límites del uso de algoritmos en el peritaje judicial partiendo del caso de un perito descalificado en Estados Unidos por presentar jurisprudencia inexistente.
Cruz Méndez enfatizó que el núcleo del debate no reside en la novedad técnica en sí misma, sino en la falta de control experto y en la tentación de sustituir el método probatorio por salidas automatizadas que resultan difíciles de auditar dentro del expediente:
“El primer profesional descalificado por uso no verificado de inteligencia artificial en un litigio de relevancia no fue un juez ni un abogado: fue un perito, y el especialista en la materia sobre la que declaraba.”
Durante su exposición, el especialista diferenció entre algoritmos declarativos, modelos actuariales, aprendizaje automático y modelos generativos de lenguaje, advirtiendo sobre el peligro de confundir herramientas con propiedades epistémicas tan distintas. Luego remarcó que la fluidez discursiva de la inteligencia artificial generativa exige elevar la carga de verificación por parte del profesional:
“Cuanto más reproducible y auditable es un sistema, más fácil resulta examinar su confiabilidad y su validez en contexto. Cuanto más opaco y discursivamente persuasivo es, mayor debe ser la carga de verificación, mayor la modestia interpretativa y menor la ambición de uso en expediente.”
Para dar respuesta a las lagunas regulatorias de la práctica pericial, Cruz Méndez propuso la implementación del protocolo TRAZA (Trazabilidad, Responsabilidad, Auditabilidad, Zona de uso y Advertencias). Este dispositivo deontológico busca registrar el uso explícito de las herramientas tecnológicas y delimitar qué tareas pueden apoyarse en algoritmos y cuáles deben quedar bajo estricta reserva de la decisión humana:
“El punto crítico del peritaje no es el despliegue del sistema, es el acto individual de apropiación: ese instante en que el perito incorpora un resultado a su razonamiento y lo hace suyo. Ahí no hay norma técnica que reparta la responsabilidad, hay una firma y un código deontológico.”
La intervención aportó un cierre de alto rigor técnico al Congreso de APFRA, invitando a la comunidad profesional a fijar estándares claros frente a las tecnologías disruptivas.